(23/06/2022)
El derecho a votar en elecciones periódicas, universales y auténticas, como ordena el artículo 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, continúa desprovisto de todas las garantías básicas para ser ejercido en Venezuela. El Informe Anual 2021 de la CIDH confirma esta situación al incluir a Venezuela por décimo séptimo año consecutivo en su capítulo IV, dada la vigencia de la “alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático”, junto a la “comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
El informe 2021 de la CIDH refleja prácticas recientes del sistema electoral venezolano. Desde su designación como magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el 26 de abril de 2022, la vacante de la rectora Tania D’ Amelio se mantiene abierta dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE). El caso es preocupante al recordar el precedente del exrector Rafael Simón Jiménez, quien fue sustituido por una persona ajena a los propios suplentes que el TSJ había designado meses atrás.
El riesgo de repetir esta práctica es significativo ya que el gobierno podría estar buscando un nombre y circunstancia que garantice su mayoría en el CNE con la finalidad de mantener el control político de un órgano electoral que aún dista de reinstitucionalizarse. El proceso de regeneración de confianza que comenzó hacia el CNE en virtud de la recomposición de una directiva más equilibrada podría desmoronarse si el gobierno avanza en una salida contraria a lo que ordena la legislación electoral; en este caso, si evita la designación de Leonel Párica Hernández, quien fue designado como sustituto de D´Amelio, pero que no ha asumido.
Además del riesgo anotado, las trabas existentes para el voto de más de 4 millones de venezolanos en el exterior persisten. El vicepresidente del CNE afirmó a mediados de mayo que el tema del voto en el extranjero no se iba a discutir en el seno de la institución, porque dependía del diálogo político, como si el ejercicio de un derecho humano estuviera subordinado a negociaciones políticas, cuya realización es incierta. A ello se suma la indisposición del órgano electoral para mejorar su capacidad institucional a fin de asegurar los derechos de la población en el exterior. Según Francisco Castro, Director de la asociación civil “Súmate”, se necesitaría la asistencia de organismos y estructuras de la ONU, así como de países receptores de venezolanos, para crear nuevos mecanismos de participación en el marco de las elecciones presidenciales del 2024. A su juicio, la representación de Venezuela a través de consulados y embajadas en 125 ciudades “es insuficiente matemáticamente hablando” para registrar y votar más 4 millones de venezolanos, es decir, cerca del 20% del registro electoral actual.
Otras alternativas sugeridas por Castro consisten en analizar el voto adelantado, el voto por correo y el voto electrónico. “Estos procesos tienen sus retos (…) Hay que preparar procedimientos de recepción, totalización y transmisión en el extranjero si estamos considerando estas opciones”. Aunque posibles en una marcha contrarreloj, estas opciones demandan voluntad política para desarrollar las capacidades técnicas en lo inmediato. Sin embargo, a esta ecuación de restricciones se suman limitantes políticas, como la ausencia de relaciones consulares efectivas con algunos países receptores de migrantes (por ahora Colombia y Estados Unidos), el manejo discrecional en las embajadas y consulados sobre los requisitos mínimos para la inscripción y voto de los ciudadanos, así como problemas de opacidad y falta de transparencia durante el proceso de votación y con posterioridad.
Cualquier posibilidad de reinstitucionalizar democráticamente el país tiene como demanda principal la celebración de elecciones periódicas, universales y auténticas, lo que obliga a ejecutar un plan para permitir la participación de los venezolanos en el exterior de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Si esto no está en agenda o no se logran resultados concretos a corto plazo, es un insulto hablar de “recuperación democrática” o de “mejoras en la situación de derechos humanos”. La verdad es que aun con reformas legales, nuevos órganos y monitoreo internacional todavía no se permiten elecciones en Venezuela. Por eso el autoritarismo no ha cedido; sólo ha sofisticado sus estrategias para aferrarse al poder.