El informe “Bosques en desaparición: Deforestación en Venezuela 2016-2021” publicado por Clima21 lanza una alerta sobre el aumento de la deforestación en el país.
Caracas, 5 de septiembre de 2022. El informe muestra como la superficie de bosque deforestado en el período 2016-2020 alcanzó las 157.307 ha por año en promedio, más de tres veces la superficie del Área Metropolitana de Caracas cada año.
Asimismo, en los últimos treinta y cinco años aumentó en un 198% de la tasa de deforestación de bosques naturales, los que habían tenido previamente menor intervención. Esa es la tasa de deforestación más alta de la región amazónica para ese tipo de bosques.
El informe muestra como cinco estados del país presentan una tasa de deforestación muy alta en los últimos 20 años. De ellos Bolívar y Amazonas aparecen en todo este período entre los más perjudicados, precisamente aquellos donde se ha concentrado en los últimos años la actividad minera ilegal.
Este proceso de degradación ambiental aumenta la vulnerabilidad de la población venezolana ante fenómenos como la sequía, los eventos meteorológicos extremos, diversas enfermedades infecciosas y otras consecuencias del cambio climático. En tal sentido, Alejandro Álvarez Coordinador General de Clima21 manifestó: “Este informe es una advertencia muy clara sobre la necesidad de tomar acciones urgentes para disminuir las causas de la deforestación y evitar las graves amenazas que esta destrucción está generando sobre los derechos humanos de los venezolanos”.
Bajo estas circunstancias, es difícil que el país pueda alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas referidos a la conservación de los ecosistemas terrestres (ODS15).
Entre las diversas causas de esta situación resalta la falta de voluntad y capacidad del Estado venezolano para proteger los bosques del país.
Para superar esta situación el informe recomienda al Estado venezolano, entre otros temas, incorporar la gestión sostenible de los bosques como componente fundamental del desarrollo nacional. Igualmente se recomienda recuperar y fortalecer las instituciones ambientales del país, establecer una política de apoyo a la investigación sobre los ecosistemas boscosos del país y eliminar progresivamente el extractivismo minero como política financiera del Estado.