(18/09/2022)
El último informe presentado por Observatorio de Ambiente de FundaRedes, proyecto EPA titulado: «Grupos Armados irregulares condicionan el derecho a la salud en el Arco Minero del Orinoco», afirma que las agrupaciones delincuenciales y terroristas han asumido las funciones gubernamentales en algunas zonas mineras de los estados Bolívar y Amazonas en cuanto a la asistencia médica, dotación de insumos y medicamentos, pago de personal médico y de enfermería, hospitalización, entre otros servicios.
“Obligaciones que corresponderían a los entes que rigen la salud en Venezuela, pero han sido dejadas en manos de quienes tienen el control de la minería ilegal así como de otras actividades ilícitas en esas regiones”.
El estudio destaca la ausencia de datos oficiales verificables por parte del Estado lo que impide conocer la realidad epidemiológica del AMO y por consiguiente la cantidad de personas afectadas por diferentes patologías como malaria, sarampión, difteria, dengue, infecciones de transmisión sexual, desnutrición infantil y adulta, entre otras afecciones.
“Las condiciones de vulnerabilidad de las poblaciones indígenas y ciudadanos en general en materia de salud en el Arco Minero del Orinoco son preocupantes, pues aunado al incremento de las enfermedades se encuentran totalmente desasistidos por parte del Estado, delegando el mandato establecido en la Carta Magna de garantizar el acceso a la salud a las organizaciones al margen de la ley que se han apoderado de las zonas mineras, convirtiendo este derecho en un privilegio”, denuncia FundaRedes.
De igual manera la investigación señala que la permisividad y complicidad del Estado en la explotación irracional de las riquezas minerales en el Arco Minero del Orinoco por parte de los grupos armados irregulares, “no solo que ha generado la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela, sino que ha vulnerado derechos fundamentales como el derecho a la salud y por consiguiente el derecho a la vida, a un ambiente sano y sustentable, así como los derechos de los pueblos indígenas”.
El Estado – enfatiza la organización de DDHH- debe asumir la gobernabilidad en el Arco Minero del Orinoco, a fin de devolverle la paz y la tranquilidad a la población que se encuentra sometida a la violencia y el control social por parte de las agrupaciones irregulares asentadas en estos territorios.
“Que no solo mantienen una encarnizada lucha por controlar los yacimientos de oro, diamantes, cobre, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial, sino que además ejercen el dominio a través del condicionamiento del derecho a la salud en las zonas mineras”.