JEP observó que el gobierno de Nicolás Maduro ha continuado ejecutando “la política de puerta giratoria iniciada en el 2014 y perfeccionada en el 2017”, conforme a la cual otorga algunas liberaciones para posteriormente apresar a nuevas víctimas.
Como parte de su labor de monitoreo de la situación de derechos humanos en Venezuela, acompañamiento a las víctimas y preservación de la memoria, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), ha realizado un seguimiento de las violaciones del derecho a la libertad personal por motivos políticos, gestadas en todo el territorio del país desde el año 2014 hasta abril de 2023.
Durante este período, la organización ha constatado la existencia de 311 personas privadas arbitrariamente de libertad como castigo a su disidencia, real o percibida, al gobierno de Nicolás Maduro.
En el período objeto de evaluación, JEP observó que el gobierno de Nicolás Maduro ha continuado ejecutando “la política de puerta giratoria iniciada en el 2014 y perfeccionada en el 2017”, conforme a la cual otorga algunas liberaciones para posteriormente apresar a nuevas víctimas.
Los años 2018 y 2020 fueron un claro ejemplo en ese sentido. El 1 de junio de 2018, el Ejecutivo Nacional solicitó al Poder Judicial la excarcelación de 39 presos políticos detenidos desde el año 2014, pero al cabo de unos meses detuvo a 102 personas más.
De forma similar, el 31 de agosto de 2020 Maduro concedió una serie de “medidas de gracia” que incluyó indultos y sobreseimientos a favor de 110 personas; un mes después, 26 nuevas víctimas fueron aprehendidas arbitrariamente.
Precisamente, es esa la razón por la que el número de presos políticos al cierre de los años 2014 – 2022 se ha mantenido casi inalterado, aunque la identidad de algunos afectados haya cambiado. Esto sin dejar de lado que, en no pocas ocasiones, el gobierno ha activado su maquinaria represiva para perseguir y reencarcelar a víctimas previamente “beneficiadas” por el otorgamiento de medidas de gracia.
Tal es el caso del ex diputado ante la Asamblea Nacional Gilber Caro, detenido arbitrariamente el 11 de enero de 2017, excarcelado el 2 de junio de 2018 en el marco del proceso de liberaciones auspiciado por el gobierno nacional, aprehendido nuevamente el 26 de abril de 2019, liberado dos meses después y detenido por tercera vez el 20 de diciembre del mismo año.
En los casos de dirigentes de oposición, las afrentas a la libertad personal suelen estar acompañadas de inhabilitaciones políticas por hasta 15 años, dirigidas a evitar su participación en los asuntos públicos de la nación. Para lograr este cometido, el Ejecutivo Nacional ha contado con el respaldo de la Contraloría General de la República, órgano que desde el año 2015 ha inhabilitado a más de 30 políticos opositores.
En el 2011, la incursión en esta conducta le valió al Estado venezolano una condena internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho a ser elegido, como se evidencia en el caso López Mendoza. Lamentablemente, lejos de aprender de los errores de su predecesor, Nicolás Maduro ha continuado empleando las inhabilitaciones como un mecanismo de cercenación de la disidencia político-partidista
Entendiendo la importancia que tiene para las víctimas y para la conservación de la memoria histórica el reconocer la existencia de presos políticos en Venezuela, visibilizar las causas que dieron lugar a su arbitraria privación de libertad y hacer un llamado de atención sobre el trato infrahumano recibido durante su injusta prisión, el presente informe proporciona datos estadísticos con relación a los principales centros de reclusión utilizados para albergar presos políticos, la edad y género de las víctimas, los sectores sociales a los que pertenecen y los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que han sido sometidos en el marco de su ilegal aprehensión.
Bajo la misma óptica, el informe examina los aspectos más relevantes de los procesos penales desarrollados en contra de los presos políticos y las principales violaciones de las garantías fundamentales del debido proceso que se han gestado en el curso de éstos. Así como también, el impacto emocional y económico que ha tenido la arbitraria privación de libertad y subsecuente reclusión en el núcleo familiar de la víctima.
Las 311 historias documentadas por JEP y plasmadas en este informe confirman que la existencia de presos políticos continúa siendo una triste realidad en Venezuela. Hasta tanto no cambie esta situación, cualquier intento de caracterizar al país como una “democracia“ será una simple fachada.