(19/07/2019)
La mitad de las familias venezolanas (50,2 %) que siguen huyendo de Venezuela han enfrentado o continúan enfrentando riesgos mientras se movilizan, según un estudio revelado por ACNUR.
William Spindler, portavoz de ACNUR le dijo a la Voz de América que estas personas están en una situación de gran vulnerabilidad y han corrido con muchos riesgos, en busca de seguridad y una vida mejor; además, han estado expuestos a ello por su “género, edad y condición de salud, y algunas de las actividades de alto riesgo a las que se han visto obligadas a recurrir para poder sobrevivir son conductas de mendicidad, trabajo sexual, y trabajo infantil, etc”.
Dentro de los hallazgos, se encontró que alrededor del 66% es desempleado o trabaja en la informalidad, y el 43% tiene problemas al encontrar un lugar donde alojarse porque no tienen recursos económicos, documentación o son discriminados por ser venezolanos.
Asímismo, el estudio indica que el 34% de las personas entrevistadas no tienen ningún tipo de documentación, por no tener permisos vigentes o porque ingresaron al país de manera ilegal. Esto, a pesar de que algunos países han otorgado permisos temporales a los venezolanos.
El 15% de los entrevistados había solicitado asilo, y otro 26 % indicó que tenía intención de hacerlo. Solo el 4% tenía residencia permanente y el resto, de turista o temporales.
“Entre las personas que no manifestaron tener la intención de presentar una solicitud, la mayoría desconocía sus derechos y los procedimientos existentes, y algunos creían erróneamente que solicitar asilo les impediría volver algún día a sus hogares”, informó uno de los portavoces de ACNUR en una rueda de prensa en el Palacio de las Naciones, en Ginebra.
Incluso, anotó que aunque hay un nivel bajo de solicitudes, “los sistemas de asilo en la región están desbordados”.
William Spindler también anotó a VOA Noticias que los gobiernos de la región han hecho todo lo posible para facilitar la entrada y el tránsito de los venezolanos, pero “las comunidades están recibiendo a estas personas no tiene los medios para continuarlo haciendo”.
En muchos países, agregó, “hay escuelas donde un porcentaje muy alto de los niños son venezolanos; muchos hospitales en donde la mayoría de las mujeres están dando a luz son venezolanas y así… Esto no se da en todas partes, en ciertas ciudades, sobre todo fronterizas o cercanas a Venezuela, que han sido especialmente afectadas por el éxodo de los venezolanos; por eso, muy importante que estos países reciban más apoyo”.
El estudio se realizó, a partir de entrevistas llevadas a cabo en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Uruguay, y los resultados se basan en 7.846 entrevistas, elaboradas entre enero y junio de 2019.
Spindler le dijo a la VOA que recuerda varios casos especiales de los entrevistados, como venezolanos que deben salir de su país porque no encuentran medicinas o que son perseguidas por su creencias políticas. En especial, una mujer que tenía una hija con una deficiencia y problemas de comportamiento y, al ser perseguida por sus vecinos, a causa de su posición política, se fue de Venezuela para evitarle efectos a la niña.
Incluso, recuerda a personas que por su condición sexual han tenido dificultades para conseguir trabajo o adaptarse en el país donde se encuentran
El estudio, dice la publicación de ACNUR, permitió tomar medidas, pues entre entre enero y junio, más de 1.500 personas, en situación de riesgo, fueron referidas para asesoramiento u otros servicios.
“Las soluciones los problemas políticos no son humanitarias; sin embargo, las necesidades más urgentes de la población se deben responder ya, y eso es lo que estamos haciendo con la sociedad civil, con gobiernos de otros países afectados para responder a las necesidades más urgentes que no pueden esperar a una solución más a largo plazo”, aclaró Spindler.
Para complementar los esfuerzos realizados por los Estados, y para responder a las necesidades de protección, asistencia e integración de los refugiados y migrantes de Venezuela, “en abril de 2018 se creó la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, y en diciembre del mismo año se lanzó el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP)”, puntualiza el comunicado.