Cepaz documentó 156 casos de persecución y criminalización contra trabajadores de la comunicación de enero a septiembre de 2022

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Publicado el: 30 de noviembre de 2022

De enero a septiembre de 2022 desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) se documentaron 421 casos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela. Las personas trabajadoras de la comunicación constituyen el grupo con más casos, que suman 156. Mientras que los restantes se disgregaron de la siguiente manera: 97 casos contra personeros políticos;  93 contra agentes de la Fuerza Armada Nacional; 46 contra la población en general; 23 contra organizaciones de la sociedad civil y seis contra universidades. 

Durante el mes de septiembre se documentaron 36 actos de persecución y criminalización ejercidos bajo una política del gobierno de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder. Los actos fueron ejercidos contra periodistas, trabajadores de la comunicación, personas vinculadas con la política, organizaciones de la sociedad civil y contras las universidades.

Patrones de persecución y criminalización identificados

En el monitoreo y análisis de los 36 casos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de septiembre se identificaron las siguientes acciones: 11 actos de hostigamiento o amenazas, seis procesos irregulares y arbitrarios, tres impedimentos de registrar un hecho noticioso, el cierre de 15 emisoras de radio y el cierre de un programa de radio.

Categoría de sujetos víctimas de la persecución y la criminalización

De la totalidad de los actos de persecución y criminalización ocurridos en Venezuela 22 fueron cometidos contra trabajadores y medios de comunicación, tres contra ciudadanos, cuatro contra personas vinculadas a la política, dos contra organizaciones no gubernamentales y seis contra universidades.

Hostigamiento contra periodistas 

Durante el mes de septiembre se documentaron al menos tres actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra periodistas y trabajadores de la comunicación. Todos los casos ocurrieron a manos de funcionarios al servicio del Estado, quienes sirven reiteradamente para ejercer la política de persecución y criminalización en Venezuela.

El primero de los casos se desarrolló a través de la red social Instagram contra el periodista Elvis Rivas. El presidente de Venezolana de Teleféricos tildó al periodista de «palangrista», lo que llevó a que seguidores del funcionario se hicieran eco de estas ofensas, agregando insultos e improperios contra su persona y contra el trabajo que desarrolla.

Los siguientes dos casos ocurrieron en manos de sujetos desconocidos, pero identificados como funcionarios de seguridad del Estado, quienes intimidaron y grabaron a los periodistas Pilar Guerra y Alexander Olvera mientras cubrían una manifestación de transportistas que exigían el suministro de gasoil.

26 emisoras de radio cerradas en 2022

También durante el mes de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el cierre de 15 emisoras de radio ubicadas en las ciudades de Maracaibo, San Francisco y Cumaná. Las emisoras afectadas fueron: Sensacional Estéreo 88.5 FM; Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM; Refugio 94.3 FM; Palabra 97.3 FM; High Class 98.1 FM; Destino 98.3 FM; Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7 FM, Boom 89.7 FM, Café 100.9 FM, Centeno 107.9, Cool 101.7 FM, Mágica 95.1 FM y NVH radio.

De acuerdo con nuestro monitoreo mensual, con el cierre arbitrario de las quince emisoras de radio señaladas ya suman 26 las emisoras que durante el año 2022 han cesado sus transmisiones. Lo cual se traduce en un año de censura y vulneración a libertades fundamentales como la libertad de opinión, expresión y el derecho a dar y recibir informaciones y opiniones, así como difundirlas.

Impedimentos para ejercer las labores periodísticas

A través de ataques, limitaciones y obstáculos a la labor periodística para evitar la exposición pública de hechos noticiosos, registramos durante el mes de septiembre tres nuevos casos en donde funcionarios del Estado y personas afectas al gobierno de Nicolás Maduro le prohibieron grabar o fotografiar acontecimientos relevantes para la población.

Es el caso del periodista Freddy Ramírez, a quien le fue impedido grabar en el puente Simón Bolívar, del lado venezolano. Lo mismo le ocurrió a una corresponsal de un medio estadounidense, cuando se identificó como periodista de ese país, la mandaron escoltada y le subrayaron que medios de ese país no podían acercarse a territorio venezolano. Por su parte, una persona sin identificación trató de impedir que los medios de comunicación, sobre todo al equipo de prensa de Venevisión, grabaran una protesta de jubilados de la Corporación Eléctrica Nacional.

Además, el programa de radio “Montes Alza su Voz”, transmitido por la emisora Juventud 100.5 FM, fue censurado luego de que en un acto totalmente arbitrario, el alcalde de Cumanacoa obligó al dueño de la emisora a elegir entre dejar de transmitir el programa o cerrar la emisora, ante lo cual tuvo que decidir dejar de transmitir el programa. Las amenazas de las cuales fue víctima y la coacción bajo la cual se produce la decisión constituye un acto de criminalización contra los medios de comunicación, y contra los y las periodistas que conforman el equipo de trabajo.

Hostigamiento a través de «Con el Mazo Dando»

Cuatro actos de hostigamiento se desarrollaron a través del programa «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, y a través de un acto público en donde Nicolás Maduro anunciaba el lanzamiento de un plan para recuperar el Metro de Caracas.

En uno de ellos Diosdado Cabello arremetió contra los líderes políticos de oposición, sobre los cuales expresó «la oposición es como el salitre, es lo más parecido a Lorenzo Mendoza que uno se va a encontrar en la vida». Esto es un acto que aunque a fines de nuestro monitoreo identificamos como un caso de hostigamiento, en realidad afecta a múltiples personas que no pueden ser identificadas pero que forman parte del liderazgo político de oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Por otra parte, en un acto público Nicolás Maduro arremetió contra el partido político Primero Justicia, al que acusó de ser una organización “terrorista” que va en contra de los trabajadores del Metro de Caracas. Expresó “A los sifrinitos de Primero Justicia, del partido terrorista Primero Justicia, que han salido a atacar a los trabajadores del Metro. Les digo que con este plan les vamos a meter metro y medio a ustedes. Terroristas, facinerosos, farsantes”. En el mismo discurso arremetió contra los líderes políticos de oposición Henrique Capriles y Carlos Ocariz, expresó: «¡Prepárate Capriles, Carlos Ocariz y todos esos bandidos, prepárense que vamos por ustedes! pero con trabajo, con resultados”.

Investigaciones arbitrarias

A un mes del comunicado publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) y sus Relatorías Especiales sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) y para la Libertad de Expresión (RELE) en el que expresaron su preocupación por el menoscabo de la autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), multó a las universidades venezolanas que demandaron a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).

Las universidades afectadas fueron: Universidad Central de Venezuela, (UCV), la Universidad de Los Andes (ULA), Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO), la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo) y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

Recordemos que los últimos meses se han llevado a cabo protestas sociales exigiendo la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que en líneas generales es un reglamento busca imponer un tabulador salarial, que reduce o elimina algunos beneficios laborales, recorta los ingresos, entre otros aspectos.

Actos de hostigamiento contra organizaciones de la sociedad civil venezolana

Fuerzas de seguridad del Estado se apostaron a las afueras de la sede de la organización defensora de derechos humanos Provea cuando la organización tenía previsto realizar una conferencia de prensa para exigir la liberación de seis activistas, sindicalistas, y defensores de derechos humanos detenidos arbitrariamente.

El segundo de los casos se trató de un acto generalizado contra las organizaciones no gubernamentales, por lo que si bien lo identificamos como un caso de hostigamiento, en términos numéricos no pueden ser identificadas las víctimas. El acto de criminalización ocurrió en el programa «Con el Mazo Dando», en donde su conductor, Diosdado Cabello, arremetió contra las ONG venezolanas. Mientras se refería al cierre de siete ONG en Israel, expresó haciendo analogía en Venezuela: “razones tenemos para que esas ONG entre por el carril, han servido para financiar golpes de Estados, intentos de magnicidios, conspiraciones» Ellas en verdad no son organizaciones no gubernamentales, ellas dependen de los gringos».

Diosdado Cabello también arremetió de forma generalizada y amenazante contra los funcionarios públicos que acudieran a los conciertos que se estuvieron desarrollando en Venezuela. Sobre todo se refirió a los cantantes Juanes, Luis Fonsi y Olga Tañón. Cabello expresó: «yo no voy a esos conciertos pero voy a tener patriotas cooperantes en la zona VIP, claro, porque si este tipo habló mal de Venezuela, pidió invasión contra Venezuela, ni un solo funcionario del Estado debe estar ahí”.

En el segundo de los casos arremetió con el empresario Lorenzo Mendoza sobre el cual se refirió como “ladrón”, “estafador” y “chulo del Estado”. Dijo: «Lorenzo Mendoza quiere estafar a los productores en Venezuela (…)no ha sembrado una mata de maíz en su vida pero quiere robar a los campesinos, a los pequeños productores (…)Bastante trabajo pasan nuestro productores para que venga un estafador como este a robarles y a asaltarlos en plena via publica, un chulo del estado venezolano”.

Documentación de los casos

La documentación de los casos constituye un subregistro, debido a que se realiza a través de la recopilación de publicaciones compartidas por las fuentes de información digital nacionales e internacionales. Así como a través de denuncias que llegan directamente a nuestro portal. Por tanto no necesariamente representa la totalidad de actos de persecución y criminalización ocurridos durante el mes de septiembre. Pero sí es una muestra significativa para demostrar la existencia de un patrón de persecución, criminalización y ejercicio del control por parte de quienes hoy detentan el poder.

Consulte el Monitoreo de persecución y criminalización del mes de septiembre.

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