Este 4 de octubre, la organización Convite, aliada de la Red Sinergia, presentó el Informe de victimización: vejez en riesgo, en donde refleja (basándose en el monitoreo a los medios de comunicación) el comportamiento de las muertes violentas de personas mayores en Venezuela, durante el primer semestre de 2023.
La investigación refleja que la violencia y sus diferentes manifestaciones son temas prioritarios de salud pública en Venezuela por sus impactos económicos, sociales, culturales, individuales, familiares y sobre todo por la violación de los derechos humanos, principalmente, al derecho a la vida.
“La continuidad de la crisis económica, política, social e institucional causada por una multiplicidad de factores repercuten no solamente en la desintegración del Estado, sino que también erosiona el bienestar de la sociedad incrementando los problemas de inseguridad ciudadana, profundizando el deterioro de los servicios públicos y menoscabando el sistema de protección de los derechos humanos. Ello afecta a toda la población, pero su incidencia es más fuerte en los segmentos que acumulan mayores vulnerabilidades en la sociedad, como es el constituido por las personas mayores”, se lee en la presentación del informe.
Entre enero y junio de 2023, Convite registra un total de ciento cincuenta y siete (157) muertes violentas de personas mayores; de estas, 33 % fueron clasificadas como muertes violentas por causas específicas (52 decesos en los que se incluye las muertes por asfixia mecánica, arma blanca, arma de fuego, golpiza y otras donde no hay información sobre la causa de la muerte) teniendo como principal móvil al robo.
En su mayoría, estas muertes sucedieron en la vivienda de la propia víctima. Por otro lado, 15 % fueron muertes violentas ocasionadas por descuido, negligencia e impericia (23 muertes). Dentro de la categoría de otros tipos de muertes violentas se registraron 76 decesos (48 %), de ellos los accidentes (vehiculares, domésticos y laborales) constituyen la causa más frecuente y ocasionó la muerte de cuarenta y cinco (45) adultos mayores. Hubo seis (6) muertes calificadas como responsabilidad directa del Estado (4 %), bien sea por acción, omisión o consentimiento, directo o incitado.
Los investigadores hicieron esta distinción porque, la protección de la vida de todas las personas -y en especial de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran las personas mayores- es una obligación ineludible del Estado tal y como lo establecen las diferentes convenciones, tratados y acuerdos internacionales.
Catorce (14) personas mayores decidieron poner fin a sus vidas y 12 adultos mayores murieron por causas desconocidas o no identificadas.
Para el levantamiento de este informe fue examinada la sección de sucesos de 62 portales web, nacionales, regionales y locales y, a partir de la sistematización de esta información, se construyó una base de datos que contiene los siguientes datos: edad, nombre, género, causa de la muerte, móvil, entidad federal de ocurrencia, identificación de los victimarios, fecha del hecho y nacionalidad de las víctimas. En los pocos casos en los que fueron registradas noticias con alguna información incompleta fue porque se consideró suficiente la presentada para identificar que una persona mayor tuvo una muerte violenta.
Lea el informe completo: