El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 60 ataques e incidentes de seguridad durante agosto de 2023 en Venezuela.
Continúan aumentando los riesgos para quienes se encuentran en la primera línea de respuesta a la crisis social, política y de derechos humanos en el país. El Estado profundiza la Política de Criminalización en contra de la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos, en el marco del contexto electoral.
Siguen implementándose medidas y acciones tendientes a la reducción del espacio cívico y democrático en el país, generando un entorno adverso para el ejercicio de los derechos a la asociación, expresión, reunión y defensa de derechos.
El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque, el Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos.
Los 60 ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de julio reflejan la sistematicidad de los patrones de agresión que conforman la Política de Criminalización.
Vemos con preocupación el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento, y las amenazas en contra de quienes ejercen actividades de documentación, denuncia y exigencia ante las graves violaciones de derechos humanos que ocurren en el país.
No cesan las campañas de estigmatización, son sistemáticos los señalamientos de odio, descalificación que tienen como fin intimidar y neutralizar a la sociedad civil, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir y criminalizar.
Los 60 hechos registrados durante el mes de julio se caracterizaron por:
Criminalización de la defensa, exigecia y promoción de DDHH
La defensa, exigencia y promoción de derechos humanos continua bajo ataque, obstaculizando así los derechos a la asociación, reunión y defensa en Venezuela. La criminalización como política de Estado, el contexto de impunidad generalizada y la vigencia de una Emergencia Humanitaria Compleja hacen del contexto venezolano hostil y adverso para la sociedad civil venezolana.
Los ataques en contra de la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos se mantienen en la medida en la que el movimiento de derechos humanos y otros actores de la sociedad civil continúa realizando labores de incidencia, denuncia y documentación de violaciones cometidas el país. El uso de la lógica del Enemigo Interno se sigue manifestando a través de patrones de ataques dirigidos a neutralizar la labor de quienes defienden derechos en el país.
El CDJ alerta un aumento de actos de intimidación y hostigamiento en el mes de agosto, el Estado emplea distintas medidas tendientes a controlar, criminalizar y neutralizar la defensa de los derechos humanos.
Incrementaron las formas de vigilancia y seguimiento por parte de actores estatales y no estatales a personas defensoras y organizaciones de derechos humanos. Este tipo de agresiones, además de tener un impacto directo en las víctimas, tiene un efecto disuasorio e inhibidor en el resto de las organizaciones y sociedad civil, quienes son víctimas indirectas de estos hechos, al sentir temor de continuar realizando sus actividades.
Ante las complejidades que rodean el entorno sociopolítico venezolano y frente a venideros eventos electorales, reiteramos que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos, son primordiales para la protección de la dignidad humana y velar por la vigencia de la Paz y la recuperación del Estado de Derecho.
Es indispensable que se generen mecanismos efectivos para el pleno y libre ejercicio de las libertades fundamentales y se garantice un entorno propicio y seguro para ello, así como también la protección de quienes los defienden.
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