(20/07/2021)
La alta letalidad de organismos policiales y militares persiste en el contexto político y social de Venezuela. El derecho a la vida se viola en un contexto estructural de impunidad. Los jóvenes de zonas pobres siguen siendo las principales víctimas de esa violencia institucional, acompañada de falta de oportunidades para que nuestra juventud desarrolle sus capacidades físicas e intelectuales y mejoren sus condiciones de vida.
El monitoreo del proyecto Lupa por la Vida, que llevan a cabo el Centro Gumilla y Provea, arrojó como resultado, en el período de julio a septiembre de este año, que se cometieron 372 presuntas ejecuciones extrajudiciales por los cuerpos de seguridad del Estado, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad. De ellas 5 fueron mujeres, una cifra alta considerando las tendencias generales en el país en cuanto al asesinato de mujeres en operativos de seguridad.
El Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) es el cuerpo armado del Estado identificado con el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales (114).
En informes anteriores observábamos que el Estado persistía en su patrón letal, pero maquillaba el mismo sustituyendo a las FAES por el CICPC, esta tendencia se mantiene este trimestre.
Llama la atención la alta participación de componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana presuntamente responsables de 40 casos, lo cual es el resultado de los procesos de militarización de las labores de seguridad ciudadana.
Creemos importante observar está tendencia porque de profundizarse estaríamos en presencia de una reconfiguración del modelo represivo
De esta manera en el lapso de 9 meses en Venezuela se han reportado 1.197 ejecuciones extrajudiciales a manos de funcionarios policiales y militares en casi todo el territorio nacional.
En este trimestre, el mes de julio es que el muestra la mayor cantidad de víctimas con 137. Vale destacar que en la primera quincena de este mes se efectuaron diversos operativos policiales en las zona de la Cota 905 y El Paraíso de Caracas.
Luego en agosto hubo una leve baja con 120, cerrando el mes de septiembre con 115 ejecuciones extrajudiciales.
En este sentido, durante este lapso se registraron 16 muertes más en comparación con el lapso de abril a junio, cuando se monitorearon 356.
En la data certificada por Lupa por La Vida se constata que fueron identificadas 242 de las víctimas. Otras 130 quedaron sin ser reconocidas al momento del monitoreo pero si el contexto en el cual se produjeron los asesinatos.
Pese a que se ha evidenciado un considerable descenso de estas estadísticas en relación al balance presentado en el año 2020, persiste la alta letalidad. Una actuación arbitraria por parte de los organismos de seguridad, amparada bajo el pretexto de la aplicación de dispositivos policiales y militares con el fin de controlar el accionar de bandas delincuenciales.
Por otro lado, el manto de la impunidad sigue arropando la falta de aplicación de justicia en los órganos jurisdiccionales que no investigan estos hechos ni determinan responsabilidades a los funcionarios actuantes ni sus cadenas de mando, pese a las constantes denuncias de los familiares de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales.
Poder de letalidad de los organismos de seguridad
En el lapso estudiado el CICPC registró el mayor poder de letalidad con 114 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Este organismo con competencia nacional que había sido desplazado por la PNB como el más letal, pareciera retomar el liderato en las violaciones del derecho a la vida que por muchos años encabezó.
Le siguen en ese nivel las policías estadales con 92 muertes, destacando, una vez la policía del estado Carabobo con 44 casos, seguida de la regional de Aragua con 11 muertes.
Luego prosigue la Policía Nacional Bolivariana con 49 actuaciones, de las cuales 21 le pertenecen a la propia PNB como tal; 26 a las FAES y 2 a la nueva Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO.
A las FANB se le adjudican 40 muertes, diseminada en 34 para la GNB y 6 para el Ejército bolivariano.
Las policías municipales cierran este capítulo con 18 registros.
Una de las estadísticas más altas en este renglón la presentan los operativos en donde actúan en conjunto la PNB, las FAES, CICPC, FANB y DGCIM, con 34 ejecuciones.
Estados con más casos
En los estados donde se registraron más casos durante este trimestre despuntan entidades de la región central: Carabobo con 59 casos; Distrito Capital con 52; Aragua con 48; y Miranda con 45.
Luego aparecen los estados Lara, Anzoátegui y Zulia, con 34, 31 y 24 registros, respectivamente.
Llama la atención los repuntes de muertes en los estados Bolívar (23) y Monagas (16) durante este lapso.
Fuente: Lupa por la Vida
Edades y días de mayores actuaciones de los cuerpos de seguridad
Otros datos a destacar son que entre las 242 víctimas identificadas 121 son de edades entre 18 y 30 años; 51 entre 31 y 50 años. Igualmente hay 3 menores de 18 años. Se destaca también el asesinato de 5 mujeres durante este período.
Los jueves, con 73 es el día con mayor acción letal en los operativos policiales y militares; le siguen viernes, con 66 y martes con 51, como los días con más recurrencia de actuaciones de los cuerpos de seguridad.
Ante estas realidades, en Lupa por La Vida seguimos insistiendo que el derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla establece el artículo 43 de la Constitución.
La realidad es que estos nuevos datos confirman algunas constantes. Uno de ellos es que la violencia institucional policial y militar en Venezuela sigue arrojando como saldo el asesinato de miles de personas hasta la fecha. La mayoría de las víctimas son jóvenes de zonas pobres.
Lo que define un patrón de discriminación y criminalización del habitante joven de nuestros barrios
La impunidad ante las violaciones del derecho a la vida favorece la alta letalidad con la cual actúan. Se requiere una política integral frente al delito que implique medidas de carácter preventivo que ofrezca oportunidades para los jóvenes, uso progresivo y diferenciado de la fuerza, desmilitarización de las labores de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e investigación y sanción a los funcionarios responsables de actos contrarios a la ley y la Constitución.
La falta de actuación de la estructura de justicia en el país para identificar autores materiales y cadenas de mando de las miles de presuntas ejecuciones, continúa reafirmando el importante papel que juegan la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas para Venezuela y el trabajo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Precisamente la omisión de la institucionalidad nacional para avanzar hacia la garantía de justicia, fortalece las acciones de las instancias internacionales, que van quedando como la única esperanza de los familiares de las víctimas.
Fuente: Noticias Lupa por la vida