Durante el año 2022 de acuerdo a lo expresado por las organizaciones de la sociedad civil venezolana, retrocedieron un 73,6% en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, conocido como espacio cívico
El segundo informe sobre la situación de la Libertad de Asociación en Venezuela PROMEDEHUM, el proyecto político que ostenta el poder del Estado en Venezuela, conocido como chavismo o socialismo del siglo XXI, ha tenido entre sus objetivos el control sobre la información que emana del país, la difusión de ésta y el discurso que la misma conlleva.
Para esto, se lee en el documento, ha trabajado en dos líneas de acción: una, controlar la mayor cantidad de medios de comunicación con señal abierta -amedrentando con cierre a los pocos medios que aún cuentan con control privado y bloqueando medios digitales en Internet- y dos, hostigando y persiguiendo a cualquier persona u organización cuyo trabajo desmienta el discurso positivo sobre la acción del gobierno.
“El Estado venezolano, frente a situaciones que afectan su imagen, opta por bloquear la información. Ante altas cifras de muertes por violencia, el Estado actúa dejando de informar a los medios las cantidades, y cuando estos publican obteniendo las mismas por fuentes privadas, acusan de falsear información y terminan prohibiendo su difusión, ante fallas en el suministro de medicinas para tratamiento oncológico, el Estado opta por dejar de publicar las cifras de muertes por cáncer desde 2014”.
Dice además que las protestas de calle de 2014 y 2017, documentadas y acompañadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), colocan a éstas en un papel protagónico, al convertirse en fuentes de información y denuncia sobre violaciones a derechos humanos por parte de cuerpos de seguridad y autoridades.
“De esta manera, las organizaciones de sociedad civil, y los defensores, defensoras y activistas que les conforman, se convierten en el enemigo interno para el Estado. Voces que acallar mediante ataques y deshumanización. Ya en 2018, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos señalaba:
“Las organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de cuestiones de derechos humanos también están confrontadas a dificultades cada vez mayores para poder funcionar, y los defensores de los derechos humanos son víctimas de campañas de desprestigio, amenazas, actos de acoso y vigilancia, y en algunos casos han sufrido detenciones arbitrarias y malos tratos o incluso tortura por llevar a cabo sus actividades legítimas. Se ha producido así un clima de miedo generalizado.
“Cada día que pasa, crece el miedo que uno siente a sufrir represalias por hacer su trabajo”, dijo un abogado de derechos humanos. Entre descalificaciones públicas, amenazas, trabas burocráticas extraoficiales para entorpecer la operatividad de las organizaciones vi así como restricciones jurídicas coercitivas a la libertad de asociaciónvii, el Estado venezolano apunta directamente a silenciar el trabajo de las OSC, única figura de control y denuncia para abusos de las autoridades contra la ciudadanía”.
Para 2023, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos Volker Türk, señalaba que “…los defensores y defensoras de los derechos humanos y los periodistas siguen sufriendo ataques, intimidación y criminalización”, planteando la necesidad de “…un espacio libre y vibrante…”ix para que las personas expresen sus opiniones. Espacio que actualmente no existe en Venezuela, donde el Estado insiste en erigir su discurso como la única versión de la realidad social y política del país.
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