ACCSI | Caracas, 2 de mayo de 2023: Magaly Huggins, coordinadora de investigación de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL), en entrevista para Acción Ciudadana Contra el SIDA (ACCSI), dijo que los centros de detención preventiva en Venezuela (CDP) pasaron a ser las nuevas cárceles del siglo XXI.
— ¿Por qué?
— Los CDP son lugares donde los detenidos no pueden pasar más de 48 horas. En ese lapso deben ser trasladados y referidos a un verdadero recinto de reclusión. Sin embargo, en nuestro caso eso no existe. Los CDP se han convertido en prisiones, en cárceles.
Lo segundo que debo decir es que el Estado es el único responsable de la vida y calidad de vida de las personas detenidas, o bajo resguardo por alguna situación especial o cumpliendo deberes como el servicio militar.
Artículo 43 de la Constitución Nacional. El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla. El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma.
No obstante, el Estado delegó toda su responsabilidad, constitucionalmente establecida en las normas internacionales suscritas y reconocidas por Venezuela, a las familias de las personas detenidas.
— ¿Qué significa eso?
— La familia es, definitivamente, la mayor garantía de salud y sobrevivencia de los detenidos, y quien no tiene familia cercana al CDP donde se encuentra detenido/a, morirá de hambre, por una infección o enfermedad, o porque no sea trasladado a tiempo a un centro de salud para ser atendido.
La familia cubre la comida, los medicamentos, los servicios básicos y el transporte de emergencia, que deberían ser garantizados por el Estado.
Incluso, llevan los productos de limpieza y hasta retiran las heces fecales. Una madre que gana 5 dólares al mes no puede alimentar a los integrantes de su hogar y mucho menos a alguien tras las rejas. Esto es una flagrante violación del derecho humano a la salud y a la vida, de parte del gobierno nacional.
—¿Qué pasa cuando hay un caso grave de salud?
— La situación de salud es particularmente grave, porque las personas detenidas están en un estado total de hacinamiento. Eso implica que los contagios son muy fáciles. Tenemos calabozos para 50 personas y hay 200 o 300, y los que tienen cupos para 200 y 300 tiene mil hasta mil 500 detenidos/das.
Estas personas si se enferman no tienen atención médica, y si la enfermedad es grave y no tiene antibióticos que los proteja se mueren, aun cuando pudo haber sido tratada. Si tienen gripe se la pegan a todos los que lo rodea, igual la sarna y la tuberculosis.
En relación con el hacinamiento, el más reciente informe de UVL, destaca que, para final del año 2022, los calabozos alcanzaron un hacinamiento de 334,55 %, es decir que, para un cupo de 220 en los CDP citados, había 726 detenidos/as. En este monitoreo no están incluidos los centros que albergan adolescentes entre 14 y 18 años.
La salud en jaque
De los 284 calabozos policiales revisados por la ONG, la capacidad instalada es de 9.553 presos, pero para el segundo semestre de 2022 se registró una población de 16.837 detenidos (176,25 %).
De ese total, 90,7 % eran hombres (15.280) y 9,3 % eran mujeres (1.557). En algunas regiones, como el estado Zulia, el porcentaje de hacinamiento fue superior a 220 %.
La investigadora, tomando en consideración el informe que fue presentado el pasado 13 de abril, señaló que si no existieran graves problemas de desnutrición no habría tal cantidad de enfermedades graves como VIH, “que este año 2022 es bastante alto. Además, la tuberculosis es la primera causa de muerte en los CDP”.
—¿Cuáles son los casos más graves en materia de salud?
— La desnutrición continuó siendo, durante el año 2022, el principal problema de salud, alcanzando el 49,54 % de los 432 casos identificados. Y, al igual que en los informes de los últimos años, esto es consecuencia de que el derecho a la alimentación no es cubierto como corresponde por el Estado venezolano.
En segundo lugar, encontramos la tuberculosis con 71 casos (16,44 %) enfermedad vinculada a las lamentables condiciones sanitarias de los CDP y al hacinamiento que mantiene a las personas detenidas enfermas junto a las personas sanas, generando así un ambiente altamente contaminante. Lo mismo sucede con la pediculosis comúnmente llamada piojos: 47 casos (10,88 %); la propagación es constante en las pequeñas y hacinadas celdas de los CDP. Un dato resaltante es el alto número de casos identificados con VIH, 43 (9,95 %). También encontramos 28 casos (6,48 %) de enfermedades de la piel, entre ellas la sarna.
Además, en la investigación se identificaron siete casos (1,62 %) con complicación pulmonar respiratoria; dos casos (0,46 %) que presentaron convulsiones y dos con Covid-19.
— Enfermedades que llevan a la muerte…
—En 2022 identificamos 26 muertes. Solo dos mujeres (7,7 %) se contabilizaron entre los decesos en los CPD: una por desnutrición y otra por tuberculosis. Los otros 24 fueron hombres. La mayoría de ellos falleció por tuberculosis (11 o 42,31 %).
En segundo lugar, están tres fallecidos por dificultades respiratorias o pulmonares (11,54 %). Luego dos por desnutrición y dos por infarto. El resto murió por distintas causas. Pero la alerta es que tuberculosis sigue siendo la principal causa de muerte en la población reclusa.
Este grave problema de salud ha sido muy mal manejado en los últimos años por las autoridades penitenciarias.
—¿Hay atención médica en los CDP?
—En 11 de los 278 centros monitoreados, hay algún personal de salud. Lo que estamos viendo es que no hay ninguna forma de atender oportunamente y de manera eficiente a las personas detenidas. No hay aislamiento, los suben a los techos, los ponen en los patios. El Ministerio de Asuntos Penitenciarios no les da medicinas. Eso es violencia hacia las personas detenidas, un preso lo que tiene que perder es su libertad nunca sus derechos humanos. Estamos ante un Estado en flagrancia porque no cumple con los artículos y garantías establecidas en la constitución.
Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 1.Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
A juicio de Huggins quienes dicen que murieron de tuberculosis son los forenses, pues cuando el médico lo atiende es tarde y, además, ya ha contaminado a todo el mundo. “Cuando logran llevarlo a un CDI o a un hospital reciben una triste atención, y vuelven al calabozo a seguir contaminando al resto de las personas en las celdas”.
Destacó que en estos CDP hay personas que tienen más de tres años, hay algunos que ni siquiera los han trasladado para tomarles la primera declaración.
“Todo depende de la familia a la que extorsionan. Deben pagar 5 dólares de extorsión para entregar comida y medicinas, 20 dólares para que un funcionario use su carro como patrulla. Desde que los familiares dicen el nombre del detenido/da inicia el camino del chantaje. La situación que se vive en los Centros de CDP demuestra, una vez más, que la familia es, definitivamente, la mayor garantía de salud y sobrevivencia. Quien no tiene familia cercana morirá de hambre, por una infección o enfermedad, o porque no sea trasladado a tiempo a un centro de salud. Viven una condena a muerte en un país donde no hay pena de muerte. Están en unos recintos donde hay desnutrición, inmunodeficiencia y muerte”.
—¿Hay una salida?
—Lo que nosotros queremos decirle al pueblo y a la ciudadanía en general es que lo que sucede en estos centros de prevención es un entrenamiento al odio y a las ganas de seguir matando. Nadie se reconcilia en esas condiciones, se supone que rehabilitarse es la función de las prisiones. Hoy están detenidos, pero mañana van a salir y no van a poder ejercer la ciudadanía. Todos podemos cometer errores y tenemos derecho a recuperarnos, es un derecho humano y hay que exigir que se cumpla.
Texto: Mabel Sarmiento
Fuente: accsi.org