(26/09/2019)
Alejandro Álvarez | En la población de El Callao, estado Bolívar, el aire, agua, suelos, así como los peces para consumo humano, contienen altas concentraciones de mercurio, en su mayoría por encima de los indicadores considerados “seguros” por las instituciones nacionales e internacionales de salud.
Los niveles más altos de este elemento se han medido en los sitios donde se procesa el mineral de oro. Por ello, no es de extrañar que los trabajadores de esos lugares tengan en sus cuerpos niveles muy altos de mercurio, llegando a estar entre los más elevados del mundo.
Pero no sólo los trabajadores que procesan oro están afectados, en un estudio realizado en 20 sectores de El Callao, hasta el 60% de las personas analizadas tenían altos niveles de este metal en sus cuerpos.
Esta situación no es exclusiva de los habitantes de esa localidad. Se han medido elevadas concentraciones de mercurio en trabajadores de las minas situadas al sur de El Callao, así como en la cuenca del río Caroní.
Esa situación se repite fuera de las zonas mineras. Se ha medido niveles importantes de esta sustancia en habitantes de comunidades indígenas situados a orillas de los ríos Paragua, Caroní Caura y Orinoco, entre otros. En estos casos, la intoxicación deriva del consumo de peces y otros organismos acuáticos en los cuales se ha acumulado compuestos tóxicos derivados del mercurio.
Se conocen pocos estudios realizados para determinar los efectos a la salud de las personas expuesta al mercurio en las zonas mineras de Venezuela, en la mayoría de ellos se pudo determinar indicios de enfermedad neurológica y otras afecciones.
A pesar de esta falta de información, existen denuncias sobre personas que enfermaron gravemente o murieron debido posiblemente a la contaminación por mercurio. Esta situación parece ser igualmente la causa de muertes de indígenas Yanomami en el sur del estado Amazonas.
En el caso de la situación de los niños, un 38% de los incluidos en una investigación realizada en El Callao presentaron niveles de mercurio superiores a los valores referenciales dados por la Organización Mundial de la Salud. Del mismo modo, se ha atribuido a la contaminación existente en el área la alta tasa de casos de niños con síntomas de intoxicación, así como de afectados por deficiencias neurológicas y defectos congénitos. Esta situación puede ser aún más grave ya que se estima que un 45% de los trabajadores de las minas son menores de edad.
Por otra parte, la contaminación por mercurio afecta de manera alarmante al ambiente. Se ha encontrado contaminación por esta sustancia en sedimentos, aguas y organismos vivos en las principales cuencas de Guayana. Esta situación ocasiona pérdida de la biodiversidad en los ríos y de la capacidad de esos ecosistemas de realizar contribuciones a las sociedades humanas.
La mayor parte de esta breve evaluación surge de estudios realizados anteriormente al año 2014. Como la minería se ha expandido en los últimos años de manera acelerada, es indudable que la magnitud y extensión del área afectada debe haber incrementado de manera importante.
A pesar de este panorama, el Estado venezolano parece no haber realizado acciones efectivas para controlar la contaminación y prevenir mayores daños a las personas y al ambiente.
Asimismo, no se conoce la cantidad de mercurio vertido al ambiente, ni el número de personas intoxicadas, ni la extensión del territorio contaminado. Un cálculo preliminar llevaría a suponer que la población afectada y en riesgo pudiera estar en la escala de los cientos de miles de personas. Tampoco existe información de que se hayan realizado programas dirigidos a atender de manera sistemática a las personas afectadas u orientar a la población en riesgo.
De hecho, pareciera que de ese tema no se habla, más allá del plano del plano retórico y las decisiones inoperantes.
Sólo es necesario indicar que el Decreto Presidencial 2.412 del 2013 estableció una prohibición total del uso de mercurio en todas las actividades mineras de Venezuela. Ese mismo año, el gobierno nacional firmó, pero hasta ahora no ha ratificado, el Convenio de Minamata que establece que todos los países donde se realice minería de pequeña o mediana escala deben realizar acciones graduales para eliminar el mercurio del proceso. En contraste con estas normas, no hay ninguna evidencia que el uso y comercialización de esta sustancia haya sido controlado o impedido en ninguna de las zonas mineras del país.
Igualmente, debemos recordar las declaraciones de que el Arco Minero del Orinoco era una estrategia para dignificar el trabajo de los pequeños mineros. Pero en la práctica, las consecuencias de la exposición a sustancias tóxicas como el mercurio es una violación incuestionable al derecho de los trabajadores a un ambiente de trabajo sano y a su Integridad física, psíquica y moral, al quedar sometidos a través de la contaminación a condiciones inhumanas y degradantes.
Asimismo, las consecuencias del daño generado son de largo plazo. El mercurio queda en el ambiente por períodos extensos, menoscabando la vida, salud y potencial de desarrollo de grandes cantidades de personas en un muy extenso territorio, no sólo de las generaciones actuales sino futuras.
Estamos frente a una violación masiva de derechos humanos. A la vez, pareciera existir una intención del Estado de negar esta realidad y evadir sus obligaciones con respecto a esta situación.
El gobierno nacional tiene la obligación ética de frenar este daño y reparar sus consecuencias. Para ello debe garantizar que todos los afectados tengan acceso a tratamiento médico, así como a compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como de llevar ante la justicia a los autores de las violaciones a sus derechos.
Venezuela como Nación, debe comprometerse con este proceso. No es posible seguir desconociendo esta situación y seguir permitiendo esta devastación humana y ambiental. No es justificable seguir destruyendo la vida y la salud de las personas, así como el ambiente y el futuro del país por razones de codicia e insensatez.