Octubre atravesó un proceso de elecciones para elegir Gobernadores y en el ínterin no faltaron los ataques a la prensa, cierres de medios por presiones políticas, amenazas, persecución no solo a trabajadores de medios, sino a ciudadanos que hacen uso de su legítimo derecho a comunicarse, lo que debió ser un proceso democrático se convirtió en una excusa para ir tras quienes proveen la información.
El último trimestre del 2017 inició con la limitación de la capacidad jurídica sin aprobación de un tutor legal del director del Diario TalCual, Teodoro Petkoff. La decisión fue tomada luego de que un juez realizara una visita a la residencia del periodista en compañía de médicos, psiquiatras forenses y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fuertemente armados.
El proceso que culminó con la declaración de la muerte civil de Petkoff, se realizó de forma irregular, en medio de entrevistas rápidas y poco profundas, negando la posibilidad de aceptar los informes y exámenes médicos que su esposa presentó para que la evaluación fuese realizada con los instrumentos adecuados.
Una justicia excedida en funciones, que arrebata las competencias civiles de un ciudadano, también tiene cabida para encarcelar a una trabajadora por difundir una fotografía que denuncia la realidad de las salas de parto en Venezuela.
Es el caso de de Lenny Josefina Martínez González, la trabajadora social detenida y llevada a los calabozos del Servicio Bolivariano de inteligencia Nacional (Sebin), por fotografiar a varias mujeres dando a luz en los bancos de la sala de espera del Hospital Dr. Pastor Oropeza, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en Barquisimeto.
Censurar a quien visibiliza la grave crisis que atraviesa nuestro sistema de salud no acaba con el problema, hoy Lenny es otro caso de las detenciones arbitrarias aplicadas por el Estado venezolano, así como Jesús Medina, Roberto Di Matteo y Filippo Rossi, los tres detenidos el viernes 6 de octubre, cuando ingresaban al Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”, para realizar una investigación.
Los periodistas fueron trasladados al comando 421 de la GNB ubicado en las inmediaciones del centro penitenciario, donde permanecieron 48 horas detenidos. El domingo 8 de fueron presentados en el Tribunal 5° de Control de Aragua ante la juez Alfonsina Vega, quién no les imputó ningún delito y les otorgó libertad plena.
El impasse “terminó” el pasado 20 de octubre cuando le fueron devueltos los equipos a los periodistas, sin embargo, Jesús Medina estuvo desaparecido por más de 48 horas, después de recibir amenazas por hacer públicas las gráficas de la vida en Tocorón.
De la misma forma, el periodista Germán Dam reveló que estaba siendo amenazado por un familiar de uno de los presuntos implicados en la muerte del estudiante de derecho de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), José Arreaza. El periodismo de investigación en Venezuela se ha convertido un oficio de alto riesgo, no es primera vez que Dam recibe amenazas, en 2016 fue asediado por publicar datos de la cobertura de la masacre de Tumeremo.
No solo a través de Twitter los trabajadores de la prensa han sido amenazados, los abusos se han convertido en ataques directos, siendo éste un patrón que se mantuvo durante todo el mes de octubre. También en el estado Bolívar, Carlos Suniaga, reportero de Venezolanos por la Información (VPI), fue agredido por manifestantes en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), mientras realizaba la cobertura de la protesta que surgió en el marco de la incertidumbre que tienen bolivarenses por no conocer los resultados de los recientes comicios regionales y el vacío comunicacional que ha surgido alrededor de este evento.
Asimismo, fue atacada la vivienda del periodista, Félix Amaya, quien además fue notificado que por presiones políticas su programa de radio “Más claro no canta un gallo” sería sacado del aire.
El ataque a la vivienda se llevó a cabo cuando sujetos desconocidos propinaron una ráfaga de disparos contra la fachada de la casa del periodista mientras éste se encontraba en su interior descansando junto a su esposa e hijos. Félix Amaya ha estado recibiendo amenazas desde 2015 por su postura crítica al gobierno, y ha sido blanco de distintos tipos de ataques, el más reciente el realizado con una bomba molotov a su vivienda el pasado 4 de octubre.
La agudización de la crisis venezolana se ve reflejada en el clima de polarización a la que está sometido el venezolano, los periodistas son blanco de constantes ataques por parte de sectores de poder, los mismos que hacen uso de su autoridad para forzar el cierre de medios, retirando equipos de transmisión o presionando con el suministro de papel.
En medio de todo este clima, octubre sirvió para seguir denunciando los abusos de poder, acudimos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar a Conatel, Cantv y a Nicolás Maduro por las fallas en el servicio de Internet en Venezuela, por abusar de las cadenas de radio y TV y por censurar a CNN en Venezuela, ya que estas medidas vulneran la libertad de expresión y el derecho que todos los venezolanos tienen a elegir que información consumir.
Fuente. espaciopublico.org