AYATOLA NÚÑEZ FRANCIS CUSTODE
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La Asamblea Nacional aprobó con 106 votos de la oposición un acuerdo que establece que el jefe del Estado actúa al margen de sus funciones y lo responsabiliza de la grave ruptura del orden constitucional y democrático
El texto sancionado declara que la actuación del presidente ha supuesto una violación de los derechos humanos y políticos, “acompañada del desmantelamiento de la institucionalidad democrática y de un atentado continuo contra la integridad de la República y de su territorio”. La AN ratifica su compromiso de restituir el orden constitucional, de acuerdo con el artículo 333 de la carta magna, pues desde la Presidencia se usa la autoridad civil y militar para socavarlo. Manifiesta que Maduro se ha facultado a sí mismo para aprobar contratos de interés público con Estados o entidades extranjeras quebrantando el artículo 150 de la Constitución.
L a Asamblea Nacional, en su primera sesión de 2017, declaró el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro y llamó a elecciones. En el acuerdo aprobado dejan sentado que:
1. Maduro ha incurrido en acciones y omisiones que sitúan su desempeño completamente al margen del diseño y funciones constitucionales de la Presidencia de la República, la violación de los derechos humanos, la devastación de las bases económicas y sociales de la nación y los atentados a la integridad de la República que ha llevado a cabo.
2. Según lo establecido en los artículos 232 y 233 de la Constitución, Maduro ha abandonado su cargo, así como las funciones constitucionales inherentes al compromiso de presidente.
3. La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es convocando a elecciones libres y plurales.
4. Ratifican su compromiso con la restitución del orden constitucional, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución, porque desde la Presidencia se usa la autoridad civil y militar para socavarlo.
5. Reiteran su decisión de acudir a instancias internacionales para denunciar las violaciones de derechos humanos y los elementos esenciales de la democracia que sufren los venezolanos.
El Parlamento considera que la actuación de Maduro está al margen de las funciones constitucionales de la Presidencia entre estas su obligación a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, así como la independencia, la integridad, la soberanía del territorio y la defensa de la República.
Asimismo, la AN manifiesta que la declaración de los estados de excepción no modifica el principio de su responsabilidad, según el artículo 232, el cual contrasta con una actuación del presidente de la República que ha supuesto una violación generalizada de los derechos humanos, incluida una grave vulneración de los derechos políticos, acompañada del desmantelamiento de la institucionalidad democrática necesaria para garantizar tales derechos, así como de un atentado continuo contra la integridad de la República y su territorio.
Indica que Maduro ha gobernado desde enero de 2016 merced a un estado de excepción declarado y prorrogado al margen de la Constitución, sin la aprobación de la Asamblea Nacional.
Entre las consideraciones se precisa que en medio de las graves violaciones de los principios democráticos y de los derechos humanos, promovidas por Maduro, se ha agudizado la crisis económica y humanitaria en el país.
La decisión se adoptó con 106 votos de la oposición de los 109 diputados de la Unidad presentes. Los tres de Avanzada Progresista, Teodoro Campos, María Teresa Pérez y César Reyes, salvaron su voto. La votación fue nominal a petición de Juan Pablo García, de Vente Venezuela.
Previo al debate, en un intento para que la sesión no sea declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, la plenaria votó por la desincorporación de los diputados de Amazonas Romel Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Ygarza como exigía el alto tribunal y el oficialismo. Sin embargo, esta decisión no fue considerada válida por la bancada del Bloque de la Patria, que alegó que la directiva saliente era la que tenía que dejar sin efecto la incorporación de los parlamentarios y que la acción de ayer no valía porque la nueva directiva estaba en desacato.
El debate.
Henry Ramos Allup (AD) y Freddy Guevara (VP) pidieron a los venezolanos no crearse falsas expectativas.
Guevara dijo que cumplieron el compromiso moral asumido con el país. “Tenemos que asumir que somos un Parlamento bajo dictadura. La única forma en la que podemos hacer respetar esta decisión y cualquier derecho es con la movilización masiva, democrática y pacífica del pueblo en la calle”.
Dijo que era el principio de una nueva etapa de la lucha: “Tenemos que ser la cabeza de un movimiento de vanguardia popular que permanezca en las calles, de manera pacífica y democrática, hasta que el pueblo de Venezuela pueda elegir a un nuevo presidente”.
Ramos Allup dijo que el gobierno es totalmente fallido y forajido. “En un régimen democrático sería normal que el TSJ y el CNE se atengan a las consecuencias del artículo 233, referido al abandono del cargo, pero son poderes rufianes y no lo van a acatar. Por eso, el pueblo debe seguir luchando, sin ceder la calle”.
El jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, reiteró que la AN continúa en desacato por tratar en la sesión como punto único el supuesto abandono del cargo de Maduro. Calificó de “barbaridad” política y jurídica lo ocurrido, pues aseguró que se hizo una interpretación “ridícula” del tema: “Es una acción inútil que no va tener ningún efecto jurídico ni político más allá de un intento fallido de golpe de Estado”.
Pedro Carreño (PSUV) reiteró: “Este acto no reviste de ningún carácter legal ni saca a la Asamblea del desacato porque esta junta directiva usurpadora no está facultada para llevar a cabo sesiones. Aquí lo que procede es que la junta directiva anterior se meta por el camino de la legalidad”.
Publicado por EL NACIONAL POLÍTICA/2