(28/10/2021)
La llegada del Coronavirus a Latinoamérica, lamentablemente, fue utilizado como una oportunidad para afianzar la pandemia del autoritarismo.
La situación en Venezuela no es diferente
Cuando se decretó el estado de alarma en Venezuela, como medida para enfrentar la pandemia, en lo social el país sufría las consecuencias de una emergencia humanitaria completa, generando la crisis migratoria más grave de la región en los últimos años, mientras que en lo político se había dejado de funcionar como una democracia. La política de atención a la pandemia subordinó la salud y bienestar de la población a la vigilancia territorial y el incremento de los mecanismos de intimidación y censura.
La estrategia de simulación de normalidad y control de la enfermedad profundizó la hegemonía comunicacional. Cualquier información que interpelara la narrativa estatal sobre la evolución del coronavirus, o discrepara en el número de casos y fallecidos, generaba consecuencias para sus voceros.
Durante los primeros 6 meses de estado de alarma los grupos que más sufrieron detenciones arbitrarias (políticos, periodistas y personal médico) eran quienes denunciaban las limitaciones para garantizar la salud de los venezolanos. La represión surtió efecto: Lo que debía conversarse públicamente, la realidad del Covid-19 entre nosotros, pasó a discutirse con precauciones de manera privada. Mientras el resto del planeta discute cómo debería ser un mundo post- pandemia, bajo la revolución bolivariana ese tipo de proyecciones constituyen un interés clandestino.
Derecho a la alimentación
La desnutrición aguda, es decir, peso bajo según la talla, se ubicó en 10% y 20%, superando 30% en algunas regiones del país. Entre 30% y 60% de las mujeres embarazadas y las madres en periodo de lactancia presentan desnutrición.
Los estados más afectados por la inseguridad alimentaria y la desnutrición fueron Amazonas, Delta Amacuro, toda la región llanera, Zulia, Trujillo, Mérida y Anzoátegui.
El Programa de Alimentación Escolar, implementado por el gobierno nacional, mantuvo operaciones al inicio de la pandemia con la entrega de comida preparada para llevar a casa, que consistía en arroz y granos; luego cesó funciones y no hubo ninguna alternativa para proteger a los beneficiarios.
El sector agropecuario presentó dificultades para producir, almacenar, transportar y comercializar a precios razonables durante la pandemia, debido al deterioro que venía presentando por la escasez de combustible y la crisis eléctrica.
Derechos culturales
La escena teatral ha sufrido un desmontaje institucional al desaparecer los subsidios, festivales regionales, sedes, entre otros aspectos. La danza continuó en su dispersión natural, agravada con deficiencias infraestructurales y poco trabajo formal.
Los profesionales culturales tuvieron que cambiar de ramo laboral por la pandemia: se centraron en el apoyo a los nuevos escenarios en línea; otros migraron a la gastronomía, el transporte, servicios vinculados a las nuevas tecnologías e incluso a la venta de objetos personales.
Los derechos culturales han venido mermando y se ha caracterizado por el veto a géneros y artistas en medios de comunicación; suspensiones arbitrarias de eventos y programaciones; descalificación, difamación y sometimiento a escarnio público de artistas, cultores y actores culturales.
Derechos laborales
El deterioro de los ingresos salariales y el empeoramiento del empleo como consecuencia de la desindustrialización del país, la debilidad y persecución de las organizaciones sindicales, son las principales razones para el incremento de la pobreza.
El índice de asalariados, tanto en el sector público como en el sector privado, cayó a 46% en 2019. Los trabajadores por cuenta propia crecieron y, al menos, 10% de los hogares venezolanos reciben remesas del extranjero.
El teletrabajo se realiza bajo situaciones de cortes de luz, dificultades de acceso al agua y en muchos casos sin condiciones en los hogares por hacinamiento.
La pandemia acentuó las diferencias entre los pocos con acceso a divisas extranjeras y los millones de venezolanos en pobreza extrema por desempleo o por salarios insuficientes.
Derecho a la seguridad social
Para inicios de 2020, el número de pensionados existentes en Venezuela es de 4 millones 918 mil, quienes perciben una pensión mensual de Bs. 400.000, equivalente a 0,40 centavos de dólar.
En materia de seguridad social, hay opacidad de información respecto a la atención de personas y grupos vulnerables; transferencias económicas adjudicadas y listado de beneficiarios, y entrega de medicinas, alimentos y jornadas de salud, entre otros.
Desde inicio de la pandemia, pensionados son llamados al cobro de pensiones con agencias bancarias temporalmente cerradas y sin efectivo; ancianatos y casas hogares sin alimentos y jubilados y pensionados no cuentan con recursos económicos para enfrentar el impacto del COVID-19.
Derecho a la Educación
Según la información oficial para el 2018 había 29.412 planteles. Tomando esas cifras y contrastandolas con las del lapso escolar 2015/16, cuando había 30.687 planteles, se tiene una reducción de 1.275, de los cuales 848 corresponden a institutos públicos y 427 a privados.
Al comparar las cifras del lapso escolar 2013/14 con las correspondientes al período 2017/18, los datos indican que hubo una reducción de la matrícula de 138.815 niños, niñas y adolescentes en el nivel escolar de educación básica, que incluye educación inicial, primaria y media.
Al analizar la situación de los docentes y examinar las cifras correspondientes a 2017/18 hubo una disminución de 36.465 docentes en comparación con el periodo escolar anterior. No se pudo contar con cifras para el año 2019.
Los docentes con sueldos de hambre no superiores a 10 dólares mensuales, no recibieron apoyo económico del Estado para proveerse de internet o usar los datos telefónicos. Dejó a los docentes en una situación en la cual descargo toda la responsabilidad y gasto en ellos. Tampoco hubo un esfuerzo para garantizar una alfabetización digital que les permitiera responder con mayor eficiencia la educación a distancia.
No hubo medidas orientadas a tender los estudiantes de menores recursos por ejemplo proveer antenas para uso libre de internet, ni siquiera se repararon las ya instaladas hace años que no sirven.
Derecho de los pueblos indígenas
Retroceso en el acceso al derecho a alimentación y del programa de asistencia alimentaria del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). Falta de medicamentos e insumos y abandono de la red de hospitales, ambulatorios y Centros de Diagnóstico Integral (CDI), así como del hospital fluvial.
Presencia de grupos armados irregulares delincuenciales y guerrilla colombiana: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional (FARC/ELN).
Con base en el informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA), los índices de inseguridad alimentaria en estados con mayor presencia y territorios de pueblos y comunidades indígenas son: Delta Amacuro 21%, Amazonas 15%, Zulia, 11% y Bolívar 11%.
La pandemia presenta mayores riesgos para: mujeres indígenas; indígenas de edad avanzada; indígenas que padecen enfermedades infectocontagiosas y endémicas como malaria, dengue, tuberculosis; indígenas migrantes forzosos; indígenas con desnutrición; indígenas desempleados.
Derecho a la salud
Hasta 2019, 70% del sistema sanitario público estaba inoperativo, privando de atención médica a un 80% de la población, debido a su desfinanciamiento, desestructuración y pérdida de personal capacitado. A partir de 2014, el sistema entró en colapso cuando el gobierno cortó las divisas a la industria farmacéutica y a los centros de salud, públicos y privados.
El 15.03.21, el gobierno no autorizó la vacuna AstraZeneca, esperando contar con 10 millones de dosis de vacunas de Rusia y China, de las cuales llegaron apenas 200 mil dosis Sputnik V y Sinopharm entre febrero y abril 2021, y anunció pruebas experimentales de las candidatas Soberana 02 y Abdala, elaboradas en Cuba, de las que se desconocen su seguridad y eficacia
Hasta el 24.04.21, Médicos Unidos de Venezuela (MUV) registró 513 muertes del personal de salud por Covid (67,8% personal médico, 20,9% de enfermería y 11,3% otro personal), que no se cuentan en las cifras oficiales.
Es necesario asegurar el acceso público a la información epidemiológica y a las estadísticas sanitarias a nivel nacional, sincerando y facilitando los datos de forma exhaustiva y desagregada, para a) la vigilancia epidemiológica de la transmisión del virus y de la incidencia y letalidad de la enfermedad y sus impactos en la salud de las personas; b) la implementación y evaluación de las medidas y planes de acción que puedan proteger a la población de los riesgos de transmisión, los daños y las muertes evitables por la enfermedad; y c) la adopción de conductas de autocuidado por parte de la población para evitar la transmisión y, en caso de contraer el virus, buscar la atención adecuada de manera oportuna, contrarrestando información errónea.
Derecho a la vivienda
Aunque el gobierno asegura que la GMVV ha construido 3 millones de viviendas, hasta diciembre de 2019, las cifras recopiladas por Provea arrojan una cifra de 369.842 unidades habitacionales.
En opinión de la arquitecto y profesora universitaria Josefina Baldó se deben retomar los procesos de optimización de las zonas urbanizadas por sus propios habitantes. En su opinión una política de habilitación física de barrios es una intervención estructural de sus condiciones precarias, la cual debe realizarse bajo una política de Estado para ser llevada a cabo por organizaciones comunitarias autogestionarias. Para ellos sería indispensable contar con el mayor número de recursos técnicos de avanzada. Según sus cálculos esta debería durar de 15v a 20 años, con una inversión estimada de 35.000 millones de dólares.
El Estado debe convocar a un diálogo con distintos sectores de la vida nacional para hacer una evaluación de la Misión Vivienda, diagnosticar aciertos y errores y diseñar políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan evaluar el desarrollo de la GMVV y potenciar su impacto en los sectores de la sociedad que carecen de viviendas adecuadas.
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